En un paso más hacia la destrucción del Estado, el presidente Milei parece tener en carpeta la eliminación de un organismo clave: la Dirección Nacional de Vialidad. Además, se prevé el avance en el cobro de peajes por parte de empresas privadas. El informe de Claudio Velasco resalta la crítica situación de la Red Vial Nacional, que abarca 39,937 km, de los cuales 36,862 km están pavimentados.
A medida que se detalla en el informe, el estado de la red ha empeorado dramáticamente desde 2023, con un incremento notable de tramos en “mal estado” que ahora requieren una inversión de 13,997 millones de dólares para su mantenimiento adecuado. La falta de inversión del actual Gobierno ha llevado al deterioro de toda la infraestructura vial, impidiendo que se garantice la seguridad de quienes transitan por ella.
El decreto 28/2025 que busca otorgar concesiones por peaje para 9,154.67 km de ruta, plantea serias dudas sobre el futuro de la red vial nacional. Aunque el Gobierno intenta desligarse de su responsabilidad, se mantiene la obligación de cuidar una vasta porción de la red vial, la cual presenta un tráfico que no es compatible con las inversiones necesarias para su mantenimiento.
Velasco enfatiza la importancia de un “Estado Presente”, sosteniendo que la privatización y desguace del Estado solo aumentarán los riesgos de accidentes y deteriorarán aún más las infraestructuras vitales. Concluir que la privatización de las rutas puede llevar a un incumplimiento constitucional, excluyendo a los ciudadanos que no puedan pagar los peajes, es una llamada de atención sobre las consecuencias de estas políticas en el bienestar social.
La propuesta de transferir rutas nacionales a provincias con realidades económicas frágiles solo podría agravar la situación. Por último, el informe concluye que sin un compromiso verdadero del Estado en el mantenimiento y desarrollo de la Red Vial, el país enfrentará un futuro incierto en términos de conectividad y seguridad vial.
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