Lunes 02 de Marzo de 2026

El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años

El Senado sancionó este jueves el nuevo Régimen Penal Juvenil, una norma que modifica el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley y establece que la edad de imputabilidad quedará fijada en 14 años. La iniciativa fue aprobada por 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención.

 

La ley introduce procedimientos diferenciados para personas de entre 14 y 17 años, con procesos judiciales y sanciones adaptadas a su condición de adolescentes. Según los fundamentos del proyecto, el régimen busca combinar medidas restaurativas, educativas y de contención social con respuestas penales cuando corresponda, priorizando la reinserción y la protección de derechos.

Desde el oficialismo se defendió la norma como una respuesta a la percepción de creciente inseguridad y a la necesidad de contar con instrumentos legales específicos para adolescentes que cometen delitos graves. Voces proponentes sostuvieron que los nuevos procedimientos permitirán aplicar sanciones proporcionales y medidas de tratamiento psicosocial y comunitario.

Críticas desde el peronismo

El bloque peronista y otros sectores de la oposición cuestionaron la constitucionalidad del proyecto y advirtieron que la baja de la edad de imputabilidad puede contravenir normas internacionales de protección de la infancia. Además, criticaron la redacción de la ley por considerar que deja amplias discrecionalidades que podrían derivar en segregación y estigmatización de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Otro punto central de la crítica fue la falta de previsión financiera: diputados y senadores del peronismo señalaron que la norma no incluye fondos suficientes ni un esquema claro de transferencia a las provincias para financiar las medidas de reparación, los centros de asistencia y los programas de reinserción que contempla. Advirtieron que, sin recursos adicionales, las jurisdicciones provinciales no estarán en condiciones de implementar las políticas previstas, lo que podría agravar problemas estructurales en los sistemas de justicia y protección social.

Reacciones y próximos pasos

Organizaciones de derechos de la infancia y asociaciones de magistrados expresaron posturas divididas: algunas celebraron la incorporación de medidas restaurativas y la atención especializada, mientras que otras insistieron en la necesidad de garantizar recursos, capacitación y estándares de protección para evitar vulneraciones de derechos.

La ley, al haber sido aprobada por el Senado, quedará pendiente de su publicación y puesta en marcha. Las autoridades nacionales y las administraciones provinciales deberán coordinar ahora los pasos para su implementación y definir los mecanismos de financiamiento y ejecución de las políticas previstas.