El 24 de marzo recuerda el quiebre del orden constitucional en 1976 y el inicio de la dictadura cívico-militar que desplegó un plan sistemático de secuestros, torturas, desapariciones, robo de bebés y censura.
Nada —ni la violencia política previa— justifica el terrorismo de Estado.
Cada año reaparece una discusión que, muchas veces, desvía lo importante: el número de desaparecidos.
Algunos la utilizan para relativizar la represión; otros la plantean de buena fe.
La represión fue clandestina. No hubo registros ni información. El propio Estado ocultó los hechos.
Por eso, reducir el problema a cifras “comprobables” es aceptar esa lógica de ocultamiento: y desviar la atención de la tragedia que se desencadenó.
En la provincia de Buenos Aires, la Ley 14.910 fijó una referencia institucional sobre este tema, que tuve la responsabilidad de acompañar con total convicción.
Memoria e historia no son lo mismo, pero se necesitan.
La memoria conserva el recuerdo y el dolor; la historia exige comprender los hechos con rigor, contexto y sin simplificaciones.
A 50 años, el desafío sigue siendo el mismo: defender el orden constitucional todos los días.
La historia enseña.
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