La marcha del pasado 31 de marzo dejó una señal clara y difícil de ignorar. Expuso, con crudeza, que los gremios docentes, el personal auxiliar y la Fiscalía General del Departamento Judicial de Pergamino no cuentan con funciones preventivas directas, pero sí con una responsabilidad ineludible: intervenir cuando los organismos competentes no logran dar respuestas ante situaciones que atraviesan a las escuelas y comprometen tanto a docentes como a estudiantes.
La movilización no fue un hecho aislado, sino un llamado de atención. Puso en evidencia la necesidad urgente de activar de manera efectiva los mecanismos y herramientas que ofrecen los distintos sistemas institucionales. Solo así será posible garantizar la preservación de la vida y evitar que la Declaración de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes quede reducida a un conjunto de principios enunciados sin aplicación concreta. Del mismo modo, se vuelve imprescindible asegurar que los derechos de los docentes no queden relegados frente a escenarios de conflicto que se repiten y se agravan.
En este contexto, el diálogo que comenzó a gestarse adquiere un valor central. La articulación entre la Fiscalía General y los gremios abre una instancia necesaria para repensar estrategias, revisar prácticas y proyectar nuevas formas de intervención. No se trata solo de crear modelos inéditos, sino también de fortalecer y optimizar aquellos que ya existen, muchas veces subutilizados o desarticulados.
Recuperar el valor de la palabra y de los saberes es parte de ese desafío. Las instituciones educativas no solo deben ser espacios de enseñanza, sino también ámbitos seguros, donde el respeto y el cuidado sean pilares fundamentales. Para lograrlo, es indispensable que cada actor asuma el rol que le corresponde, sin dilaciones ni ambigüedades.
Queda claro que aún hay un largo camino por recorrer. Persisten deudas, vacíos y responsabilidades que deben ser asumidas con decisión. Sin embargo, el primer paso ya se ha dado: la construcción de una acción conjunta entre la Fiscalía General y los gremios, orientada a superar los conflictos que afectan a la comunidad educativa.
Ese gesto inicial no debe diluirse. Por el contrario, debe consolidarse como el punto de partida de un compromiso sostenido en el tiempo, donde la prioridad sea, sin excepciones, el cuidado de quienes habitan y construyen la escuela todos los días.
