Jueves 23 de Abril de 2026

Condenan a médico por defraudar a su hermano y socios en una operatoria sobre el viejo Hospital Ferroviario

Tras una investigación iniciada en 2018, el tribunal local condenó al médico Ricardo Garaza a tres años de prisión en suspenso por administración fraudulenta y desbaratamiento de derechos adquiridos, según explicó el fiscal doctor Nelson Mastorchio en diálogo con Rody Piraccini en el programa La Ventana (Radio Más). La fiscal adjunta Susana Muscolini también participó en la investigación.

 

Según la acusación, Garaza —que presidía y dirigía las sociedades constituidas por los hermanos— habría llevado adelante maniobras para excluir y despojar de bienes a su hermano Héctor y a otros aportantes. La operatoria incluyó la constitución de tres sociedades sucesivas vinculadas a la compra y explotación del predio del antiguo Hospital Ferroviario, firmas y asambleas irregulares, libros completados en blanco y transferencias de inmuebles y alquileres que habrían favorecido a quienes integraron la última sociedad.

Mastorchio detalló que la fiscalía se apoyó en prueba documental e instrumental: escrituras, contratos, pericias caligráficas, allanamientos (incluido el del contador asesor del imputado) y testimonios de colegas médicos. Cinco profesionales fueron reconocidos como particulares damnificados; otros quedaron fuera al integrarse luego de la formación de la última sociedad.

El fallo impone una pena condicional de tres años y varias restricciones, entre ellas la prohibición de integrar nuevas sociedades comerciales —sin inhabilitar el ejercicio profesional médico—. La fiscalía había solicitado una pena mayor; señaló que, de imponerse más de tres años, la prisión habría sido de cumplimiento efectivo. Además, el condenado afronta procesos civiles y comerciales iniciados por la víctima para reclamar resarcimiento patrimonial.

La causa cobró notable repercusión local por involucrar a una familia de profesionales conocida en la ciudad y por referirse a la reconversión de un edificio de salud pública. Para la fiscalía, la sentencia reafirma la obligación de actuar con “buena fe” en la administración de sociedades y proyectos de interés colectivo.