Jueves 08 de Mayo de 2025

Pidieron la elevación a juicio de Insaurralde por la muerte de la pergaminense Ana Fiorino

Este miércoles por la tarde el fiscal Carlos Vercellone solicitó la elevación a juicio de la causa contra el abogado Rodrigo Insaurralde, acusado de haber provocado un brutal choque en La Plata que terminó con la vida de la médica Ana Fiorino, de 41 años, y dejó gravemente herido a su pareja, el ex policía Juan Manuel Roldán.

 

El hecho ocurrió el 10 de agosto del año pasado, a las 7.26, cuando Insaurralde circulaba a alta velocidad por la avenida 7, en sentido descendente, y atravesó al menos dos semáforos en rojo entre las calles 59 y 49, una zona céntrica y comercial de la ciudad. Según la investigación, conducía su Renault Clio a una velocidad media no menor a los 109 kilómetros por hora cuando embistió de lleno el lateral derecho de un Nissan March en el que viajaban Fiorino y Roldán, quienes habían llegado desde Pergamino. Ella se especializaba en medicina forense.

En el requerimiento presentado ante el juez de Garantías Agustín Crispo, el fiscal sostuvo que el imputado actuó con dolo eventual: “Elevó el riesgo a parámetros que desagradan al ordenamiento jurídico, representándose el hecho ‘ex ante’ y actuando con total desinterés en su producción y resultado”. Vercellone consideró que se trata de un caso de homicidio simple doloso y lesiones en concurso ideal, por lo que solicitó que el acusado sea juzgado bajo esa calificación.

Desde el entorno de la víctima, el abogado Lautaro Rodríguez -representante de la familia junto a Aníbal Mathis- apoyó el pedido del fiscal. “Estamos de acuerdo con la calificación y el planteo. Insaurralde es un peligro para la sociedad. Él mismo reconoció tener problemas de adicción. La madre de Ana, Stella Rosso, solo quiere justicia”, expresó.

Actualmente, Insaurralde se encuentra detenido con prisión preventiva en la Unidad 22 de Lisandro Olmos del Servicio Penitenciario Bonaerense. No obstante, su defensa -a cargo de los abogados Nicanor Garganta y Micaela Vivas- solicitó a fines de marzo que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria. Alegaron un cambio en las condiciones que motivaron su detención y aseguraron que el acusado mantiene un compromiso con el proceso judicial.

La fiscalía rechazó el pedido por considerarlo improcedente. Vercellone argumentó que la gravedad del hecho, la expectativa de pena (que podría oscilar entre 8 y 25 años de prisión) y el riesgo de entorpecimiento del proceso justifican el mantenimiento del encierro preventivo. “El respeto por la libertad individual no puede estar por encima del legítimo derecho de la sociedad a que no se frustre una eventual condena”, concluyó.