La Justicia Electoral sancionó al partido por el que José Luis Espert fue candidato a presidente en 2019, Unite, luego de desaprobar los informes contables con los que debían justificar los fondos utilizados durante la campaña.
La resolución, que fue firmada en agosto de 2023 por la jueza electoral María Servini y había pasado desapercibida, cobra especial relevancia en el contexto actual.
Espert, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, está bajo la mira de la Justicia en dos causas penales. Una tramita en Comodoro Py, en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, e investiga el uso de distintos aviones durante la campaña en 2019. Originariamente llegó a la fiscalía electoral de Ramiro González, que la mandó a sorteo por entender que había elementos penales.
La otra causa fue promovida por Juan Grabois este viernes en la Justicia de San Isidro. El dirigente social acusa de lavado a Espert por haber recibido fondos del empresario Federico “Fred” Machado, detenido en la Argentina y reclamado por la justicia de Estados Unidos en una causa por narcotráfico.
En su resolución de 2023, con la que desaprobó los balances, Servini decretó además la “pérdida del derecho a recibir todo fondo para el financiamiento público de campañas electorales por el término de una (1) elección”.
En abril de aquel año, antes del fallo, la Justicia electoral había sancionado a Unite con la suspensión momentánea de los aportes públicos al detectar una serie de irregularidades, como la ausencia de documentación que respaldara ingresos y egresos en las cuentas bancarias del partido. Unite no subsanó las inconsistencias y Servini avanzó.
Cuando los informes son desaprobados, primero por el cuerpo de peritos de la Cámara y luego por un juez - como fue el caso de Unite- además de las sanciones pecuniarias, se dispara un proceso administrativo dentro de la Justicia electoral, de tipo acusatorio, según explicaron fuentes judiciales, que puede acabar en un juicio oral.
Con la resolución de la jueza Servini, se abrió así otra causa en la Justicia Electoral donde se investiga específicamente los gastos de campaña del partido “Unite” en las elecciones de 2019, en las que Espert fue candidato a presidente.
Sin embargo, no es el ahora candidato libertario quien está siendo investigado alló, sino los responsables financieros del partido, que son su tesorero, Antonio Agustín Montenegro, y su presidente, Jose Alejandro Bonacci.
Esta tercera causa está aún bajo investigación, en manos del fiscal electoral González. Si la causa se elevara a juicio oral y los responsables fueran encontrados culpables, podrían no ser sancionados penalmente, pero sí inhabilitados a ejercer cargos públicos, explicaron fuentes de los tribunales.
Ley de financiamiento
De acuerdo a lo establecido por la ley de Financiamiento Electoral, los partidos deben presentar un estado contable anual y otro balance electoral. En los 30 días posteriores a una primaria, cada agrupación debe presentar al juez electoral un informe final de aportes públicos y privados. Y 90 días después de los comicios, el presidente y tesorero del partido, junto con los responsables financieros, deben presentar conjuntamente el informe final con aportes y gastos de campaña.
Estos dos artículos fueron incumplidos por Unite, según sostiene Servini en su resolución, donde detalla las irregularidades. “Falta de presentación de los recibos de los proveedores (rubro Egresos); falta de declaración de gastos (rubro Gastos de Publicidad en Medios Digitales); falta de correspondencia entre los movimientos de la cuenta bancaria y las elecciones PASO y Generales (rubro Cuenta Bancaria); y la falta de documentación que respalde los débitos bancarios”.
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