El concejal explicó que su bloque rechazó el proyecto desde su presentación en marzo por considerar que el Estado municipal no debe autorizar ni decidir arbitrariamente qué actividades deportivas pueden realizarse en la vía pública. Señaló además que la norma delega facultades de control a inspectores municipales, incluida la toma de material filmográfico, lo que abre dudas sobre la protección de imágenes de menores y sobre la idoneidad y la carga laboral de esos funcionarios.
Montenegro advirtió sobre la ambigüedad de conceptos como “riesgo inminente”, que la ordenanza faculta a los inspectores a identificar y sancionar, y sobre la superposición normativa: muchos de los requisitos y responsabilidades exigidos ya estarían cubiertos por normas provinciales, nacionales o por el Código Civil y Comercial. También señaló que no hubo datos objetivos que justificaran la necesidad de la regulación —sin antecedentes de incidentes relevantes— y cuestionó por qué se regula a ciertos grupos (por ejemplo, runners) cuando otras actividades de mayor riesgo, como el fútbol informal, no son objeto del mismo control.
Otro punto central para Montenegro es la creación de barreras de entrada para entrenadores y coaches: la exigencia de títulos habilitantes podría excluir a profesionales con larga experiencia comprobable, empujándolos hacia la informalidad y desincentivando la oferta y la demanda de actividades deportivas. Sobre las sanciones, indicó que la ordenanza prevé instancias progresivas (llamados de atención y penalizaciones posteriores), pero consideró que, en la práctica, el régimen termina generando desaliento hacia la actividad física organizada en espacios públicos.
Finalmente, el concejal informó que referentes de la Asociación Atlética de Paramino y grupos de runners presentaron un proyecto alternativo —apoyado por su espacio— con el objetivo de derogar la norma vigente y reemplazarla por una regulación más consensuada; no obstante, aclaró que por ahora la ordenanza está en vigencia.
Montenegro concluyó reafirmando su posicionamiento crítico: apoyar las medidas que protejan a la gente, sí; aceptar una reglamentación que provoca exclusión, sobrecarga institucional y riesgo de informalidad
