Este lunes por la mañana se dieron cita en la plaza Merced los grupos de acompañantes e instituciones educativas de las personas con discapacidad y varios prestadores involucrados en os servicios de salud que se les brindan a dichas personas. Bajo la consigna “Discapacidad en emergencia”, el principal reclamo fue para solicitar la actualización de aranceles, la regularización de pagos por parte de obras sociales y la cobertura de insumos básicos y medicación.
La movilización tuvo que ver con la iniciativa que se llevó a cabo en todo el país. En dicho encuentro acompañaron las familias de jóvenes, adolescentes y adultos que asisten a realizar diferentes prestaciones.
De acuerdo a lo que expresaron, los valores actuales de las prestaciones son de diciembre del 2024, y estos aranceles que se cobran tienen que ver con un nomenclador de la nación que solicitan que sea actualizado porque “desde Diciembre del año pasado que no nos da un aumento” expresó Silvina Melgin, directora del Colegio Santa Clara de Asís.
“Hay muchas instituciones que están por cerrar sus puertas y muchos profesionales que están pensando a qué dedicarse que no sea más la rehabilitación” lamentó.
Además relató la crítica situación que padecen los transportistas de las instituciones de personas con discapacidad, “hoy un transporte cobra 700 pesos el kilómetro y no me está faltando un cero. Eso es lo que establece el nomenclador actual” denunció Melgin
Asimismo, “lo que nos preguntábamos es qué íbamos a hacer si no teníamos respuesta y la verdad es que nos vamos a seguir moviendo, porque hay derechos que se han construido y llevaron muchos tiempos conquistarlos” analizó
“Hoy estamos perdiendo muchos logros que hemos tenido en cuanto a discapacidad. No nos vamos a dar por vencidos porque los chicos y las personas con discapacidad son parte de nuestra sociedad” enfatizó.
Describió además un panorama sumamente desalentador respecto a la posibilidad de cierre de varias instituciones y al cese de actividades de varios prestadores: “Si seguimos pensando en que los prestadores van a dejar de trabajar, las instituciones van a seguir cerrando. Estos chicos jóvenes y adultos se van a quedar sin lugares donde hacer la prestación, la atención y las rehabilitaciones que necesitan” explicó.
Mientras esperan una respuesta del gobierno nacional por este tema, reconocen que la discapacidad no es un tema que se encuentre en la agenda pública “Nadie está hablando de discapacidad desde hace muchísimos meses” expresó la directora del colegio Santa Clara.
“Nos encanta que se haya sacado el cepo, no sabemos para qué. Sé que nos estamos muriendo de hambre, que nos estamos quedando sin laburo y que los chicos se están quedando sin la atención que necesitan” agregó con preocupación en conferencia de prensa.
“No nos importa solamente que estamos ganando dos mangos para atender a los chicos sino que los hogares están cerrando sus puertas, no se está recibiendo medicación, no están recibiendo los insumos, pañales y todo lo que necesitan. No se le puede cortar la medicación a un niño, una medicación en salud mental porque la obra social no se lo entrega porque no estamos hablando de un ibuprofeno o una aspirineta, estamos hablando de una medicación importante. Decir que una obra social está tramitando y te corta una obra social para un niño durante tres meses la verdad es una falta de respeto” concluyó Melgin.
Alejandra Chevillard de la fundación “Juani” recordó que “hace dos años pasó exactamente lo mismo, y fuimos al Concejo Deliberante, realizamos una toma simbólica, sin respuesta. Nos apoyaron los concejales y todos los bloques pero no hay que llegar a eso. Eso ya es el caso extremo”.
“Las personas con discapacidad y los abuelos son para todos los gobiernos personas de segunda y eso duele. Como madre, entiendo que los prestadores hagan paro. Ellos no pueden vivir del amor, le ponen amor para trabajar, para seguir luchándola, pero con el amor no pagás las cuentas. Tenemos que estar apoyándonos todos” expresó
Por otra parte, Chevillard consideró que lo que están padeciendo “Es una vergüenza”.
Por otra parte, se refirió a la situación de las prestaciones médicas en la provincia, “la mayoría de los chicos tienen IOMA y IOMA lo descuentan en toda la provincia ‘y te dicen, no podemos en este momento, en dos o tres meses, hay que llamarlo a licitación’. No es un puente para llamarlo a licitación que te den una medicación”.
“Nosotros trabajamos con personas y esa es nuestra prioridad, seguimos trabajando si bien estamos intentando reclamar y que nos escuchen nuestra prioridad son los chicos” explicó.
Por otra parte, Brian Bienzobas, médico del hogar San Camilo dijo: “Estamos apoyando la lucha de todos los otros compañeros como un hogar y centro de día único en la zona que recibimos gente de varias ciudades estamos en una situación muy difícil con valores de prestaciones atrasados, que sigue subsistiendo el hogar gracias a la voluntad de muy poca gente".
"Tenemos más de treinta empleados y se hace muy difícil conformar un equipo de trabajo sin la materia que lo sustente. Gracias al aporte de las familias, lo que podemos obtener de las obras sociales y el trabajo duro de cada parte del equipo”.
“Estamos subsistiendo, tratando de brindar el servicio como lo podemos hacer y esperando que esta situación cambie. Tratando de no ponerle banderas políticas, lo que queremos es que las cosas puedan cambiar de fondo”.
Con respecto a los fonoaudiólogos de consultorios privados, los mismos, manifestaron dificultades en la presentación a cada obra social y a la hora de facturar. “Nos paga un 50 por ciento del arancel ético y con IOMA tenemos que bancarnos 6 meses de retraso”, concluyeron.
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