Por María Cecilia Herrero – Psicóloga (Mat. 15.304) Acercándonos
En Argentina, más del 10% de la población mayor de seis años convive con alguna forma de discapacidad. Según datos oficiales, en julio de 2023 había casi 1,6 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Pero detrás de estos números hay mucho más que estadísticas: hay personas, hay familias y una red de profesionales que, cada día, enfrentan no solo los desafíos propios de cada condición, sino también las barreras de un sistema que, lejos de garantizar derechos, los vuelve inalcanzables.
Aunque formalmente la discapacidad está reconocida como una emergencia nacional, en la práctica parece no representar una urgencia real para quienes deben tomar decisiones. Desde hace meses, prestadores de servicios en discapacidad –profesionales de la salud, acompañantes terapéuticos, transportistas, instituciones educativas, entre otros– vienen alertando sobre un contexto crítico: pagos con demoras de hasta 120 días, honorarios desactualizados y prestaciones esenciales que no llegan a cubrirse.
Esta situación impacta de lleno en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Cuando un profesional deja su trabajo por no poder sostenerlo económicamente, no solo pierde un trabajador: pierde una familia, una persona que necesita esa asistencia, y pierde una sociedad entera, que se aleja un poco más de la inclusión real.
Un sistema fragmentado y sin respuestas
El sistema de cobertura de discapacidad en el país es complejo y está plagado de baches. Las prestaciones básicas se financian con recursos del Fondo Solidario de Redistribución, pero ese fondo no alcanza para cubrir todas las necesidades. La falta de una regulación clara sobre las obligaciones de las obras sociales y prepagas provoca fricciones constantes, que suelen resolverse en perjuicio del prestador o de la familia.
En este marco, el reclamo sigue fragmentado. Cada actor (profesionales, familias, instituciones) parece gritar por separado. ¿Dónde están las organizaciones, los colegios profesionales, las universidades, las ONG? ¿Por qué no hay una voz común que unifique el reclamo? Tal vez porque seguimos apostando a soluciones individuales en un problema que es colectivo.
¿Y si la respuesta empezara por nosotros?
A la luz de las múltiples omisiones gubernamentales, quizás sea hora de dejar de esperar soluciones “desde arriba”. Los prestadores debemos asumir también la responsabilidad de organizarnos, de construir una agenda común y ejercer presión de forma colectiva y legítima. No es una opción: es una necesidad urgente.
Pergamino: una realidad que refleja al país
En nuestra ciudad, la situación no es diferente. Se han dado pasos importantes: movilizaciones, encuentros entre profesionales, gestos de unidad. Pero aún falta lo esencial: crear un espacio común, sostenido en el tiempo, que supere las acciones aisladas. Una organización local de prestadores, una mesa de trabajo intersectorial, podrían ser el inicio de una construcción más sólida, duradera y transformadora.
La discapacidad no puede seguir esperando
La discapacidad no es una enfermedad: es una condición que puede implicar terapias, educación especial, transporte adaptado, adecuaciones del hogar, acompañamiento. Y todo esto, muchas veces, excede las posibilidades económicas de las familias, que ya deben enfrentar una sociedad con fuertes rasgos de exclusión.
Por eso, es momento de interpelarnos como sociedad: ¿por qué seguimos actuando como si fuera un tema ajeno? ¿Qué nos impide imaginar un sistema inclusivo, planificado, con financiamiento adecuado y controles reales? Esto no es una lucha sectorial: es una causa social que debería involucrarnos a todos.
Es hora de dejar atrás la queja aislada y pasar a la construcción colectiva. Dejar de hablar de la discapacidad como una “emergencia” crónica y empezar a tratarla con la urgencia que realmente merece. El cambio puede (y debe) empezar desde abajo.
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